En México, el gobierno está organizado en forma vertical y horizontal, estableciendo para el primer caso, su estructura en Federación, entidades federativas y municipios, asignando obligaciones específicas a cada orden de gobierno. Para el caso de la Federación y las entidades federativas, en forma horizontal se divide en tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, integrados cada uno por dependencias y, en su caso, se auxilian de organismos descentralizados y organismos autónomos para el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones; para el caso de los municipios, estos de integran por dependencias generales y organismos descentralizados, los cuales tienen asignadas tareas específicas que cumplir.

En México todos vivimos en un municipio y sabemos que la contribución económica de sus pobladores permite tener servicios para beneficio de todos. Es la cotidianidad, es la identidad que nos ofrece una demarcación territorial y administrativa conocida también como ayuntamiento o alcaldía.

El municipio tiene su historia. Recordemos que fue Hernán Cortés quien impuso esta forma de gobierno el 22 de abril de 1519 con la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, se extendió por los vastos territorios para la corona española y se convirtió en la unidad administrativa a lo largo del periodo Colonial, a partir de ahí y hasta nuestros días, el municipio, ese microcosmos de poder político y económico, se mantiene en la estructura organizativa de la Federación.

Ningún Estado puede emitir papel moneda, establecer aranceles o derechos de importación o exportación sin el consentimiento del Congreso Nacional y, aun así, el ingreso neto irá en beneficio de los Estados Unidos, es decir, la federación. Por tanto, el único medio que le queda a los Estados para sostener sus gobiernos y pagar sus deudas es establecer impuestos directos; y también los Estados Unidos tendrán la facultad de establecer y recaudar estos impuestos del modo que estimen oportuno. Sin dinero no podrán mantenerse los cuerpos legislativos de los Estados, sus competencias irán desvaneciéndose y serán absorbidas por el gobierno general.

Y es por esa misma necesidad de obtener recursos lo que otorga la obligación de los organismos públicos facturar por:

• Los ingresos que perciban.
• Comprobación de la propiedad de mercancías en traslado
• Las retenciones de impuestos que realicen.
• El pago de salarios.
• Las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren.
• La entrega de apoyos y estímulos.

Y así mismo, se tiene derecho a reducciones o devoluciones en su carga contributiva.

El ejercicio del control y de la auditoría en el sector público exige un amplio conocimiento sobre el diseño, configuración y regulación básica de las distintas y variadas unidades que integran el sector público. Conocimientos que demandan, además, una permanente actualización.

CMR Consultores ha sido pionero en generar y cumplir con los lineamientos para que las administraciones públicas puedan ser sujetas a la devolución vía participaciones del ISR efectivamente pagado, generando un flujo de recursos adicionales. Nuestros casos de éxitos comprobables y documentados en los municipios más importantes del Estado de Oaxaca son nuestra carta de presentación.

Para saber más sobre éste y otros servicios que proporcionamos, visite CMR Consultores en el apartado Consultoría Fiscal de Entes de Gobierno.

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